Autoridades y agricultores piden cambios legales para enfrentar robos en sectores rurales de Limarí

Con el objetivo de avanzar en medidas concretas frente a los delitos que afectan a la actividad agrícola y al sector rural, se desarrolló en la provincia de Limarí una nueva mesa de trabajo de seguridad rural, convocada por la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y la Sociedad Agrícola del Norte A.G. (SAN).

La instancia contó con la participación de los seremis de Seguridad Pública y Agricultura, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y agricultores, además de representantes de parlamentarios de la región. También se había solicitado la presencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), considerando la relevancia que tienen algunos delitos asociados a la comercialización de especies y productos sustraídos.

En representación de la SAN participaron los directores Ulises Contador y Edgardo Bou, además de su gerente, Alejandra Marín, quienes presentaron los resultados del Barómetro de Robo Agrícola de la Región de Coquimbo, instrumento que recogió la afectación a los agricultores para conocer la magnitud de los robos registrados durante los últimos seis meses, la percepción de inseguridad y el impacto que estos hechos tienen sobre la producción y el funcionamiento de sus actividades.

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Durante la jornada se planteó que, si bien existe coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y perseguir los delitos, persisten dificultades relacionadas con las sanciones y la legislación aplicable a los robos cometidos en sectores rurales y lugares no habitados.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, y el fiscal de Focos Investigativos, Nicolás Nicoreanu, quienes explicaron el trabajo que se está desarrollando en materia investigativa frente a los delitos que afectan a los sectores rurales. Nicoreanu realizó una presentación sobre las acciones y estrategias investigativas implementadas para abordar este tipo de ilícitos. Ambos fiscales destacaron además la importancia de que los agricultores realicen las denuncias correspondientes y entreguen la mayor cantidad de antecedentes y evidencias disponibles, ya que esta información resulta fundamental para fortalecer las investigaciones y facilitar la identificación de los responsables.

En este contexto, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, explicó el trabajo que se está desarrollando desde el Gobierno y junto a las instituciones policiales para enfrentar los delitos que afectan a los sectores rurales. La autoridad destacó la coordinación existente y las acciones de prevención e investigación, pero reconoció que aún existen desafíos que requieren avanzar en materia legislativa. “Hay un trabajo que se está haciendo desde el Gobierno, desde las policías y desde las distintas instituciones para enfrentar esta problemática, pero también entendemos que hay aspectos que requieren cambios legislativos, particularmente para fortalecer las sanciones frente a este tipo de delitos”, afirmó.

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 Por su parte, el seremi de Agricultura, Vicente Cortés, señaló que los agricultores han enfrentado múltiples dificultades durante los últimos años, entre ellas la escasez hídrica, los sistemas frontales, las plagas y ahora el aumento de los delitos. “Tiene que haber un cambio de fondo, principalmente en el robo en lugar no habitado y en el mundo agrícola, con sanciones más gravosas que sean un desincentivo para el delincuente”, sostuvo.

La delegada presidencial provincial de Limarí, Ivonne Guerra, puso el foco en la necesidad de que el debate trascienda las mesas de trabajo y se traduzca en modificaciones concretas a la legislación, haciendo un llamado enfático a los parlamentarios a asumir un rol activo frente a esta problemática. “Necesitamos que las leyes cambien. Mientras las leyes no cambien, vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir teniendo las mismas reuniones”, manifestó.

La autoridad agregó que resulta fundamental que los representantes del Congreso conozcan directamente la realidad que viven los agricultores y se comprometan con avanzar en cambios que permitan entregar mayores herramientas para enfrentar los delitos que afectan al sector rural.

Por otra parte, el director del Consejo de Administración de la Cooperativa Control Pisquero, Félix Rodríguez, valoró la realización de este tipo de encuentros y puso a disposición el espacio físico “para abordar problemáticas que afectan a la comunidad, como es el tema de la seguridad, porque el sector pisquero esta también altamente afectado”, expresó.

 La jornada contó con representantes enviados por el senador Daniel Núñez, el diputado Bernardo Leyton y el diputado Erick Gross, quienes recibieron el llamado de las autoridades y agricultores a impulsar modificaciones que permitan entregar mayores herramientas para enfrentar los delitos en el sector rural.

Finalmente, desde la SAN, los directores coincidieron en la necesidad de avanzar tanto en medidas inmediatas como en cambios estructurales. “Entendemos que para enfrentar de manera estructural la inseguridad que afecta al sector rural se requieren cambios legales, y por eso consideramos fundamental una mayor presencia y compromiso de las autoridades legislativas en esta discusión. A su vez, desde la SAN seguiremos haciendo un llamado a todos los actores para que comprendan la gravedad de esta situación y cómo los robos están afectando directamente la capacidad de producir de nuestros agricultores. Los cambios legislativos son procesos de mediano plazo, mientras que el problema de la inseguridad y sus efectos los estamos viviendo hoy. Por ello, es fundamental mantener y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades, avanzando en medidas”, afirmó Ulises Contador.