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Comunidades rurales demandarán a bandas que se enriquecieron robando cobre

Diversas comunidades de la Región de Coquimbo anunciaron que presentarán una demanda civil contra las bandas que se han enriquecido con el robo de cables de cobre, delito que ha afectado gravemente a la vida cotidiana de miles de familias rurales.

La operación policial denominada “Oro Rojo” permitió desarticular una red internacional dedicada al robo, blanqueo y exportación de cobre. Sin embargo, pese a este golpe, las comunidades denuncian que los cortes de energía continúan y que es necesario hacer justicia.

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La Perla del Limarí

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Diversas comunidades de la Región de Coquimbo anunciaron que presentarán una demanda civil contra las bandas que se han enriquecido con el robo de cables de cobre, delito que ha afectado gravemente a la vida cotidiana de miles de familias rurales.

La operación policial denominada “Oro Rojo” permitió desarticular una red internacional dedicada al robo, blanqueo y exportación de cobre. Sin embargo, pese a este golpe, las comunidades denuncian que los cortes de energía continúan y que es necesario hacer justicia.

Uno de los principales involucrados es Francisco San Martín, dirigente político y empresario minero, quien fue identificado como líder de una de las organizaciones criminales. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, pocos días antes de su captura traspasó 14 propiedades a una sociedad creada para evitar embargos, acumulando un patrimonio millonario gracias a esta actividad ilícita.

Comunidades afectadas alzan la voz

En Ovalle se reunieron vecinas, vecinos y dirigentes sociales para exponer las graves consecuencias de estos delitos y organizar una acción civil colectiva. El abogado Luis Acevedo está recopilando antecedentes en la provincia de Limarí y posteriormente en la comuna de La Higuera, donde también se registran numerosos casos.

Justicia y reparación

El objetivo de la demanda civil es lograr que las víctimas reciban una compensación económica financiada con los bienes acumulados por los cabecillas de estas bandas. Además, se busca evitar que estas organizaciones sigan operando en la región y reforzar la idea de que quienes se enriquecen ilícitamente deben responder no solo penalmente, sino también en el ámbito civil.

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