Operativos en Ovalle desarman rucos en medio de la ausencia de políticas sostenidas para personas en situación de calle

En distintos puntos de la comuna, personal municipal, inspectores de Seguridad Pública y Carabineros intervinieron durante los últimos días para desarmar construcciones precarias —conocidas como rucos— que ocupaban terrenos públicos en sectores como la población 8 de Julio, las cercanías al Terminal de Buses, el entorno del Servicio Médico Legal y un sitio eriazo junto al Liceo Bicentenario Politécnico. La medida responde a denuncias vecinales que señalaban focos de inseguridad y deterioro.

Detrás de cada estructura desarmada hay personas que usaban esos espacios para resguardarse. La mayoría, según fuentes de organizaciones sociales que trabajan con población callejera, enfrentan problemas de consumo problemático de drogas o alcohol, y no cuentan con redes familiares ni acceso a programas de rehabilitación. En Ovalle, la oferta de centros de tratamiento para adicciones es limitada, y las listas de espera en los pocos dispositivos públicos se extienden por meses.

Vecinos del sector oriente de la ciudad han denunciado en juntas vecinales que los operativos son recurrentes: se desarman rucos, las personas se trasladan a otros sitios, y semanas después vuelven a levantarse nuevas estructuras en los mismos lugares. Sin políticas de acompañamiento, la rueda no se detiene.

Lo que dicen los vecinos

“No es que queramos que estén en la calle, pero tampoco podemos tener la población tomada con basura y con gente que se mete a robar cuando está bajo los efectos de alguna sustancia”, comentó una dirigenta vecinal de la población 8 de Julio, que pidió reservar su identidad. “El problema es que los sacan de acá y los ves en la plaza, o en otra parte, pero nadie los ayuda realmente. Falta que los lleven a algún lado donde los traten, porque esto no es vida para nadie”.

La distancia entre el desalojo y la reinserción

La ley establece que las personas en situación de calle tienen derecho a ser atendidas por los servicios sociales, pero la implementación efectiva varía según la comuna. En Ovalle, no existen centros de rehabilitación residencial para adicciones con convenio estatal, y el único centro de salud mental comunitaria (COSAM) de la provincia no cuenta con camas para internación. Los casos más complejos derivan a la Unidad de Hospitalización Breve de Coquimbo, cuya capacidad es limitada.

El municipio ejecuta los operativos con el argumento de recuperar espacios públicos. Pero para organizaciones que trabajan con población en situación de calle, la ecuación está incompleta: desarmar rucos sin ofrecer alternativas habitacionales ni tratamiento solo desplaza el problema.

Lo que falta

Los registros del Ministerio de Desarrollo Social indican que en la Región de Coquimbo hay al menos 1.200 personas en situación de calle, aunque las cifras varían según el método de conteo. En Ovalle, los equipos de intervención callejera del municipio y del programa Calle realizan visitas periódicas, pero no cuentan con recursos para derivar a todas las personas a centros de rehabilitación o residencias temporales.

El alcalde Héctor Vega Campusano señaló que los operativos buscan “que las familias puedan utilizar estos lugares de manera segura y tranquila”. La encargada de Seguridad Pública, Hortensia Flores, agregó que se priorizan “espacios que son de alto uso por parte de la comunidad”.

Pero la pregunta que queda flotando entre dirigentes vecinales y trabajadores sociales es otra: ¿qué pasa con las personas que desalojan? Sin respuesta, el operativo de hoy será solo el anticipo del próximo.

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