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Denuncian ante Contraloría la construcción de terminal de buses eléctricos en Ovalle

La Perla del Limarí

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|16 de noviembre de 2026|4 minutos de lecturaAgregar La Perla del Limarí
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La Fundación Defendamos la Ciudad presentó una denuncia formal ante la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, en la que acusa a la empresa estatal Fondo de Infraestructura S.A. (Desarrollo País) de construir y operar un terminal de buses eléctricos en Ovalle bajo la fachada de un “centro de carga”, contraviniendo el Plan Regulador Comunal (PRC) y un dictamen vinculante de la propia Contraloría.

La denuncia, ingresada con el número 431464/2026 y firmada por Patricio Herman Pacheco, sostiene que el recinto que alberga 41 buses eléctricos de la empresa Transporte Eléctrico de Chile SpA (TEC Ovalle) está emplazado en la zona ZU3 del PRC de Ovalle, donde se prohíbe el uso de suelo de “infraestructura”, categoría que corresponde a los terminales de locomoción colectiva. En dicha zona solo se permite el “equipamiento de clase comercio”.

El ardid del “centro de carga”

Según el documento, la empresa Desarrollo País licitó el proyecto bajo el nombre de “Construcción centro de carga de servicio de locomoción colectiva Ovalle”. Sin embargo, la fundación argumenta que en la práctica la instalación opera como un terminal de buses, incluyendo todas las labores necesarias para la operación del servicio de transporte público.

El escrito recuerda que la Contraloría ya se pronunció sobre este tipo de situaciones mediante el dictamen vinculante Nº E121292, de 2021, referido a la circular DDU 432 del MINVU, que clasifica los centros de carga como equipamiento de clase comercio. En dicho dictamen, la Contraloría puntualizó que “tratándose de establecimientos destinados a ‘depósito de vehículos’, ‘terminal de vehículos’ y ‘terminales externos’, los mismos se encuentran sujetos a las reglas que específicamente a su respecto prevé la OGUC y la demás normativa aplicable, lo que no se ve alterado cuando en ellos se puedan considerar los indicados centros de carga”.

La fundación señala que ya había advertido sobre esta práctica en una denuncia anterior (W050000, del 23 de septiembre de 2024), y que el caso de Ovalle es un nuevo ejemplo de incumplimiento de lo dictaminado por el organismo contralor.

Ubicación y detalles del proyecto

El terminal se emplaza en un terreno que forma parte del PUH Liceo Agrícola, localizado en Ovalle y desarrollado por el SERVIU de Coquimbo. Según la denuncia, la construcción fue licitada por Desarrollo País mediante una licitación pública (Código 007/2025) en la que los participantes debieron suscribir un acuerdo de confidencialidad y pagar una suma de $500.000 por las bases.

El documento adjunto incluye la convocatoria de la licitación, fechada en agosto de 2025, que describe el proyecto como un “Centro de Carga de Servicios de Locomoción Colectiva” para que forme parte del Sistema de Transporte Público de la Región de Coquimbo. La fundación critica que, tratándose de una empresa del Estado, no se entiende la necesidad de mantener como confidenciales los antecedentes de los proyectos públicos, como el permiso de edificación entregado por la DOM de Ovalle, que a la fecha no han podido encontrar en el sitio web de Transparencia Activa de esa municipalidad.

Llamado a modificar la OGUC

Defendamos la Ciudad reconoce que el impacto ambiental de un terminal y centro de carga de buses eléctricos es menor que el de uno de buses diésel, en aspectos como la emisión de ruido y gases contaminantes. Sin embargo, advierte que se estaría utilizando un “ardid” para transformar una instalación con uso de suelo infraestructura de transporte en una de equipamiento de clase comercio.

Por ello, la fundación hace un llamado a la autoridad a flexibilizar las exigencias para la instalación de terminales y centros de carga de buses eléctricos mediante la modificación del Capítulo 13 de la OGUC con el procedimiento reglado aplicable. Según señalan, esa modificación permitiría regularizar las instalaciones de este tipo que actualmente están en operación en distintas ciudades en contravención de la normativa urbanística aplicable, incluida la de Ovalle.

El escrito concluye apelando directamente a los ministros De Grange y Poduje: “tienen la palabra”.

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